El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y su par Ricardo Lorenzetti coincidieron en las críticas sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la hora de controlar a los líderes narcos que están tras las rejas. Respaldaron el informe del fiscal Diego Iglesias a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que elevó un informe que concluyó que desde las cárceles federales crece el crimen organizado y que no se controla lo que hacen tras las rejas.
La situación del SPF es crítica. Está intervenido desde hace un año y medio por la kirchnerista y fundadora de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori pero nada mejoró. Hoy cuenta con 15.000 empleados y tiene un presupuesto millonario. En paralelo, además de Rosatti y Lorenzetti, una docena de jueces denunciaron las constantes falencias del SPF a a la hora de supervisar lo que pasa en los penales.
El año pasado, el SPF tuvo para un presupuesto de $ 21.898.592.372, pero al cierre del ejercicio el presupuesto vigente ascendió a $31.513.217.021. Los números se desprenden de un pedido de acceso a la información que realizó Clarín.
Gran parte de esos fondos, informaron fuentes oficiales, se destinan al pago de salarios de la planta permanente global del SPF, registrada en 15.788 agentes. Sobre ese nivel de personal en los penitenciario federales, las críticas refieren a la falta de “control, gestión y trabajos específicos al interiores de las cárceles, ahí adentro sólo tiene jurisdicción la interventora”, dijo a Clarín una fuente del Máximo Tribunal.
En el pedido de acceso a la información formulado por Clarín, no respondieron dos preguntas puntuales: “¿Qué políticas se implementaron durante la intervención del SPF?” y la segunda, “¿Se implementó algunas de las medidas sugeridas por la Procuración General de la Nación respecto a los presos en casos de narcotráfico, un planteo de octubre de 2021?.»
La foto del encuentro de jueces federales en Rosario. Participaron los cuatro jueces de la Corte, autoridades políticas y legislativas y jueces y juezas de todo el país.
La respuesta la dieron desde la misma Procuración General y otros organismos judiciales el jueves pasado desde Rosario: “No sólo no se notificó ni respondió nada, sino que la situación actual indica que nada cambió al interior de las cárceles federales”. Algunos de los delitos que revela la Procuración que se realizan desde las cárceles incluyen amenazas, órdenes libradas desde teléfonos celulares y manejo del negocio de la droga.
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En esa línea vinculada al narcotráfico, la jueza federal de San Martín Alicia Vence -que tiene la causa de la droga adulterada en Puerta 8- sostuvo en un fallo: “Una vez más, la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes era comandada por dos personas que se encontraban alojados en complejos penitenciarios, cumpliendo condenas, una circunstancia habitual en este tipo de causas y un obstáculo para darle batalla al narcotráfico».
Lorenzetti también criticó al SPF.
“El Servicio Penitenciario Federal tal cual está, no funciona, no sirve”, dijo el ministro de la Corte en diálogo con Clarín antes del encuentro de jueces federales de todo el país que se reunieron la semana pasada en Rosario.
Ya en el encuentro Lorenzetti profundizó sus críticas y sostuvo que el actual sistema carcelario «está en una situación crítica». «Cómo puede ser que los delincuentes sigan operando desde la cárcel. No sólo no logramos que las prisiones sean limpias, sino que tampoco podemos detener la acción delictiva. Los ciudadanos son prisioneros y parece que los delincuentes están libres porque aún desde la cárcel siguen operando. Es una tragedia institucional porque es un festival de la ineficacia”, sentenció.
Con argumentos similares, el presidente de la Corte -Horacio Rosatti- sostuvo que “la cárcel no debe controlar la calle”. Las críticas fueron directas al SPF a cargo de María Laura Garrigós y la falta de respuesta y controles sobre los líderes narcos. “Es necesario contar con las herramientas de información necesarias, una inteligencia inteligente”, en relación a la investigación adentro de prisión sobre los narcos.
La jueza federal María Servini denunció penalmente la semana pasada al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la interventora Garrigós de Rébori, por supuesta obstrucción de la Justicia, porque hace un año quiere investigar una denuncia de tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto y no puede avanzar porque se desmanteló el área de inteligencia criminal que funcionaba dentro del penitenciario
La situación tiene un antecedente más grave aún. La PROCUNAR que dirige Diego Iglesias, tal como contó Clarín, elevó al Procurador General -Eduardo Casal- un duro informe que sostiene que “las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas)”, se planifican y realizan desde las cárceles.
