El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 (TOF 8), integrado por los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y Fernando Canero, condenó a Maximiliano Romero, Daniel López y Hernán Lozano a penas de entre tres años de prisión en suspenso y ocho años de prisión de efectivo cumplimiento.
Fue por los delitos de comercio de materias primas para la producción de 9 toneladas de efedrina, lavado de activos de origen ilícito y falsificación de documento público.
Se trata de otra de las bandas que ayudaron a contrabandear 50 toneladas de efedrina a México para producir metanfetaminas con destino a los Estados Unidos durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Uno de los empresarios que participaron del multimillonario negocio, Sebastián Forza -asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez- aportó 200 mil pesos a la campaña electoral de la ex presidenta en el 2007.
La banda condenado ahora le vendía el precursor químico a Ibar Pérez Corradi, uno de los principales proveedores de los mexicano, junto a Roberto Segovia bautizado “El Rey de la Efedrina”.
Sin embargo, aún falta juzgados a otros acusados de esta maniobra como Jorge Lazota -un puntero peronista que Néstor Kirchner trajo a la Casa Rosada desde Santa Cruz- organizó una de las bandas que traficaron efedrina. En el 2016, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de dos de los hermanos Zacarías que trabajaron en el gobierno durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Intervinieron en el juicio oral, el fiscal general Marcelo Colombo y el auxiliar fiscal Mariano Gaitán, de la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal.
El Tribunal condenó a Romero a la pena de ocho años de prisión y multa de dos veces el monto de la operación por considerarlo autor penalmente responsable del delito de comercio de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes -más precisamente, efedrina-; coautor de lavado de activos de origen ilícito y partícipe necesario de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, todos ellos en concurso real entre sí.
También le impuso a Daniel Ricardo López la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso y multa de $1.000, por considerarlo partícipe secundario del delito de comercio de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes. Finalmente, Hernán Pablo Lozano recibió una pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso y multa de dos veces el monto de la operación por ser considerado coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen ilícito.
Además, los jueces dispusieron el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles, ubicados en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, los cuales fueron adquiridos a efectos de darle apariencia lícita a las ganancias del comercio de efedrina. Se trata de dos vehículos, seis inmuebles -entre los que se incluye un complejo de cabañas ubicado en la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos- y veintinueve lotes de terreno ubicados en la provincia de Córdoba.
Entre los años 2005 y 2008, Romero, con la colaboración de López, comercializó unas 9 toneladas de efedrina, con conocimiento de que ésta sería enviada a los Estados Unidos Mexicanos para la posterior producción de metanfetamina, en el marco de lo que se conoce como “La Ruta de la Efedrina”.
El fiscal acreditó que el comercio de la sustancia química para la posterior producción del material estupefaciente fue organizado con un grupo de ciudadanos mexicanos liderados por Julio Enrique García Mena.
La efedrina era importada legalmente en Argentina, proveniente de la India y China, con la correspondiente autorización de SEDRONAR y Aduana. En este marco, distintas droguerías y farmacias desviaban ilegítimamente su destino y la vendían “en negro” a traficantes locales, entre los que se destacan Ibar Esteban Pérez Corradi y Víctor Wendling Duarte, ambos ya condenados por el delito de comercio de estupefacientes, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, respectivamente.
En la maniobra, López -amigo de la infancia de Romero-, colaboraba en la logística para la recepción, guarda y traslado de la efedrina, para lo que cual utilizaban distintos vehículos e inmuebles -todos ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, mientras que Romero era quien mantenía vínculos con los proveedores y los compradores mexicanos.
En cuanto a la puesta en circulación de los bienes obtenidos por la actividad ilícita que desarrollaban, la fiscalía señaló que, a partir del año 2007, Lozano acrecentó su relación con Romero, a quien conocía desde la adolescencia, y se convirtió en su “mano derecha” al asumir un rol protagónico como su testaferro y administrador de sus bienes ilícitos.
Así, a través de la compra y venta de vehículos, y de la adquisición, construcción, administración y venta de inmuebles -actividad que desarrollaron hasta el año 2017- logró introducir en el mercado legal las ganancias provenientes del comercio de efedrina.
Entre estas operaciones se encuentra la inversión hecha por Romero de, al menos, $1.066.500 para la construcción de un edificio, entre los años 2008 y 2010, con diez unidades funcionales y espacios para cochera en el barrio porteño de Caballito. Para cumplir con su objetivo, Romero y Lozano crearon diversas personas jurídicas y se valieron de testaferros, entre otras maniobras, para ocultar el verdadero origen de los bienes.
Otras noticias
