Mayra Mendoza está imputada por administración fraudulenta por el presunto desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de su gabinete. La lista de personas acusadas incluye a Alejandro Scozzari y la denuncia se amplió haciendo foco en él. Cuenta con una amplia red de empresas. Una de ellas recibió $ 85 millones del municipio y otras contrataciones directas. El dato más llamativo y sobre el que apuntan ahora la investigación es que Scozzari tiene como gerente en una de sus empresas a Sebastián César Daer, ex esposo de Mendoza y actual funcionario de AFIP.
Pero también tiene negocios con Sebastián Raspa, el funcionario de Quilmes que renunció a su cargo en el municipio cuando estalló el escándalo de los contratos a cooperativas. Varias estaban vinculadas con él.
Los fondos bajo sospecha salían de la secretaría de Hábitat y Obras Públicas. Por ahora, la intendenta de La Cámpora sostuvo que todo responde a una «operación» y «persecución en su contra».
Pero la nueva denuncia que apunta a su ex esposo la complica. “Estamos ante un entramado societario y de relaciones que aprovechando su estatus de funcionarios públicos, estarían realizando maniobras de lavado de dinero provenientes de ilícitos cometidos en la función pública y a través de ella”, sostiene la ampliación de denuncia que presentó la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade.
La causa inició con la imputación del fiscal federal Ramiro González y bajo investigación hay cuatro cooperativas y fondos del municipio. La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
Por ejemplo, solo “La Estrella, Unión Azul y Progreso (dos de las cooperativas) recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 millones de pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38,233,270.97 pesos.” Esas contrataciones las hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, para la limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad. Pero la maniobra parece no acabarse en este circuito.
Sebastian Cesar Daer, el ex esposo de Mayra Mendoza.
La ampliación de la denuncia presentada en Comodoro Py imprime mayor responsabilidad sobre Mayra Mendoza “a quien la maniobra bajo investigación no le es ajena ni a su propio entorno”. Se expuso un grupo de empresas que involucra a funcionarios, cifras millonarias y empresarios que se reiteran.
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El común denominador es el contador Alejandro Scozzari, dueño de un conjunto de compañías. Socio de Raspa y Martín Bordalejo en una empresa llamada “JD Vitruvio”, la cual tendría sede en la misma dirección que las cooperativas, constituyó una constructora a su nombre llamada “The Wolf Building SA”, la cual celebró diversos contratos con la Municipalidad de Quilmes desde mayo de 2020, por un total de $84.944.494.
La red es mucho más amplía. Junto con Luciano Tiranti crearon Sur II SRL, dedicada a la construcción y venta de inmuebles a todo el país. Generaron para operar, sin embargo, poderes especiales a favor de Sebastián Daer, Anabella Galván y Claudio Carbone, según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
Daer es el ex esposo de Mayra Mendoza y actual funcionario de la AFIP y Carbone es el actual secretario Legal y Técnico del municipio de Quilmes. A su vez, Galván otra de las que tiene poder especial de Sur II SRL figura como empleada de la gestión local.
El 5 de mayo de este año Mayra Mendoza y Carbone firmaron un decreto por $3,636,381.73 para la refacción para la Escuela Secundaria N75 de San Francisco Solano, a la empresa The Wolf Building SA de Scozzari, según informó El Disenso. El prolífero empresario cuenta con cuatro firmas más con diferentes funcionarios del municipio.
Hubo más. Según el texto judicializado, en el boletín oficial de Quilmes en 2021 se publicó un expediente iniciado por la Secretaría de Gestión Urbana de Residuos Sólidos Urbanos, que por contratación directa ordena alquilar equipos a The Wolf Building “una minicargadora y retropala para efectuar tareas de limpieza y recolección de montículos y micro basurales”, por $ 4,8 millones.
“Bajo la emergencia y utilizando apariencia legal se ha colocado a precio de adquisición, máquinas por servicios abonados a las cooperativas que ellos mismos conducen y controlan, registrándose operatorias circulares”, sostiene la denuncia. Se suma otro dato: The Wolf Building emitió “numerosos cheques sin fondos en lo que va de este año en curso”. Esos cheques se emitieron a nombre de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido, donde figura el ex funcionario Raspa.
La justicia federal, además, busca avanzar respecto al rol de Scozzari con una posible exteriorización de fondos para lavar dinero. Se pidió que se libre exhorto internacional al Tribunal con Jurisdicción y Competencia en la ciudad de Miami – Estados Unidos para conocer información sobre “SCO Investments LLC”, “Raspa Investments LLC” y Borda Investments LLC”, ya que Raspa y Scozzari figuran como socios en una de ellas.
Junto a esta red de nombres y empresas, la diputada opositora denunció que la intendenta y protegida de Cristina Kirchner, junto a su ex esposo, al subsecretario de Producción y Empleo, Paul O´Shanghnessy, al secretario Legal y Técnico, Daer, crearon en febrero de este año la empresa “4eter SA”. “Esta empresa se forma entre la intendente, sus actuales funcionarios y el padre de su hija”, dijo Frade poniendo bajo sospecha la constitución como finalidad de la firma.
El punto central de la ampliación de la denuncia, es que “el común denominador es que son todos socios en sociedades cruzadas y coexisten en el rol de funcionarios”.
